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Cada toma de decisiones en la gestión de los bienes públicos, recursos y espacios naturales concierne inevitablemente a los agentes sociales (ciudadanos), políticos (administraciones públicas competentes) y económicos (empresas). Un previo debate conjunto y transparente entre todos estos portadores de intereses es una condición imprescindible para que la decisión final pueda sopesar y tener en debida cuenta todos los distintos intereses, con el fin de lograr, caso por caso, un balance racional entre los mismos, premiando unos en lugar de otros a partir de datos e informaciones científicas y objetivos de bienestar general a largo plazo. Actualmente en los procesos decisorios falta, más que un conocimiento del impacto y consecuencias de las decisiones, una cultura de diálogo transparente, abierto e intelectualmente honesto - y consecuentemente una metodología adecuada - para la resolución pacífica, racional y a medio-largo plazo de los conflictos. La respuesta adecuada a dichas deficiencias incluye la aplicación de principios jurídicos y la interiorización individual de valores universales de respeto y democracia, así como la capacidad emocional individual de los agentes implicados de querer resolver el conflicto mediante un debate transparente y honesto

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