Cada toma de decisiones en la gestión
de los bienes públicos, recursos y espacios naturales concierne
inevitablemente a los agentes sociales (ciudadanos), políticos
(administraciones públicas competentes) y económicos
(empresas). Un previo debate conjunto y transparente entre todos estos
portadores de intereses es una condición imprescindible para
que la decisión final pueda sopesar y tener en debida cuenta
todos los distintos intereses, con el fin de lograr, caso por caso,
un balance racional entre los mismos, premiando unos en lugar de otros
a partir de datos e informaciones científicas y objetivos de
bienestar general a largo plazo. Actualmente en los procesos decisorios
falta, más que un conocimiento del impacto y consecuencias
de las decisiones, una cultura de diálogo transparente, abierto
e intelectualmente honesto - y consecuentemente una metodología
adecuada - para la resolución pacífica, racional y a
medio-largo plazo de los conflictos. La respuesta adecuada a dichas
deficiencias incluye la aplicación de principios jurídicos
y la interiorización individual de valores universales de respeto
y democracia, así como la capacidad emocional individual de
los agentes implicados de querer resolver el conflicto mediante un
debate transparente y honesto
